La Confederación Hidrográfica del Tajo es el organismo público menos transparente

La asociación Globalízate denuncia que la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) es el organismo público menos transparente de todas las administraciones públicas con las que hemos contactado. Hemos estado esperando respuesta a diferentes escritos durante los últimos años desde esta institución y la única réplica ha sido el silencio administrativo o innumerables excusas y trabas para no facilitar la información a la que como ciudadanos tenemos derecho.

Las solicitudes de información sobre actuaciones en determinados cauces, eliminación de vertidos fecales o imposición de multas han quedado sin contestación. Tenemos constancia también de que la CHT ha puesto multitud de trabas e impedimentos a algunos cargos políticos a la hora de conseguir información del ente sobre multas impuestas a consistorios por malas prácticas en el dominio público hidráulico como vertidos sólidos y contaminantes.
Incluso se ha resistido a enviar información, a pesar de los requerimientos del Defensor del Pueblo para cumplir con las obligaciones que impone la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (que incorpora las Directivas Europeas 2003/4/CE y 2003/35/CE). En una comunicación del Defensor del Pueblo a la CHT se considera que ante una solicitud de información ambiental, la citada ley prevé el acceso de los ciudadanos a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas.

El Defensor del Pueblo afirma que la información de organismos públicos debe estar a disposición no sólo de cargos públicos, sino también de los ciudadanos, sin que para ello se esté obligado a declarar un interés determinado. Sin embargo, la CHT no nos ha enviado la información requerida tras la comunicación del Defensor del Pueblo desde el pasado mes de abril.

Las diferentes excusas de la CHT sobrepasan lo inverosímil y apuntan a una intencionalidad política para defender ciertos intereses partidistas. No cabe otra explicación cuando tras acreditar que como cargo público pero también como ciudadano tienes derecho a acceder a la información, la única respuesta consista en colocar una nueva barrera administrativa para impedir el acceso a la información, incumpliendo las leyes en vigor.

Dado que se ha sobrepasado con creces el plazo que indica la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, a la que están sujetas las Administraciones Públicas, para resolver las cuestiones planteadas, comunicamos que interpondremos la reclamación correspondiente ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y recordamos que el incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo, según indica la Ley referenciada, tiene consideración de infracción grave.