Cómo crear una crisis
George Monbiot, 03/12/2015, www.monbiot.com
¿Qué es lo que han aprendido los gobiernos de la crisis financiera? Podría escribir una columna explicándolo. O podría hacer lo mismo con una sola palabra. Nada.
En realidad, es ser demasiado generoso. Las lecciones aprendidas son contra-lecciones, anti-conocimiento, nuevas políticas que difícilmente se podrían haber diseñado mejor para asegurar la recurrencia de la crisis, pero esta vez con el impulso añadido y menos remedios. Y la crisis financiera es solo una de las múltiples crisis —recaudación fiscal, gasto público, salud pública y sobre todo ecología—, que esas contra-lecciones aceleran.
Retrocedamos un paso y veremos que todas esas crisis surgen de la misma causa. Los que tienen un poder y un alcance global enorme se han liberado de las restricciones democráticas. Ello se debe a una corrupción fundamental en el núcleo de los políticos. En casi todas las naciones, los intereses de las elites económicas tienden a pesar más, para los gobiernos, que los del electorado. Bancos, corporaciones y terratenientes tienen un poder inexplicable, que funciona con un asentimiento y un pestañeo de la clase política. La gobernanza global empieza a parecerse a una interminable reunión de Bilderburg.
Tal como argumenta el profesor de leyes Joel Bakan en un artículo del Cornell International Law Journal, dos terribles cambios se han estado produciendo simultáneamente. Por una parte, los gobiernos han ido quitando las leyes que ponían restricciones a bancos y corporaciones, argumentando que la globalización debilita a los estados e imposibilita una legislación eficaz. Lo que deberíamos hacer, dicen, es confiar en los que tienen un poder económico suficiente para regularse a sí mismos.
Por otra parte, esos mismos gobiernos idean nuevas leyes draconianas para reforzar el poder de la elite. A las corporaciones se les conceden los derechos de personas legales. Quienes protestan contra ellas se ven sometidos a unas medidas políticas y una vigilancia más propias de las dictaduras que de las democracias. Bueno, el poder del Estado sigue existiendo... cuando se necesita.
Muchos hemos oído hablar de la Trans-Pacific Partnership y de la propuesta Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Se supone que son tratados comerciales, pero tienen poco que ver con el comercio y mucho con el poder. Mejoran el poder de las corporaciones al tiempo que reducen el poder de los parlamentos y el estado de derecho. Difícilmente podrían haberse diseñado mejor para exacerbar y universalizar nuestras múltiples crisis: la financiera, la social y la ambiental. Pero algo todavía peor se acerca, resultado de las negociaciones conducidas, una vez más, en secreto: un Trade in Services Agreement (TiSA), que cubre a Norteamérica, la UE, Japón y Australia, junto con otras muchas naciones.
Solo mediante WikiLeaks tenemos alguna idea de lo que se está planeando. Podría usarse para forzar a las naciones a aceptar nuevos productos y servicios financieros, a aprobar la privatización de los servicios públicos y a reducir los estándares de asistencia y provisión. Parece ser el mayor asalto internacional a la democracia ideado en los dos últimos decenios. Lo que es decir mucho.
Con ello, el Estado que se odia a sí mismo proclama que no tiene poder, al tiempo que destruye su propia capacidad de legislar internacionalmente y en su país. Como si la última crisis financiera no hubiera sucedido, y como si no se fuera consciente de lo que la causó, George Osborne, en su discurso más reciente ante la City of London, dijo a su público de banqueros que "una demanda decisiva de nuestra renegociación es Europa abandone la costosa y dañina regularización". David Cameron se ha jactado de dirigir "el primer Gobierno de la historia moderna que al final de su mandato parlamentario tiene menos regulación de la que existía al principio". Esto, en un mundo de aceleración de la complejidad y el aumento de la criminalidad corporativa, es una absoluta imprudencia. Pero se tema o no, dicen, el poder económico ya no necesita estar sometido al estado de derecho. Puede regularse a sí mismo.
Algunos hemos sospechado desde hace tiempo que esto es pura tontería. Pero hasta ahora lo único que teníamos era la sospecha. Hoy se ha publicado la primera revisión global de la autorregulación. Fue encargada por la Britain's Royal Society for the Protection of Birds, pero cubre todos los sectores, desde los prestamistas a los criadores de perros. Y muestra que en casi todos los sectores —el 81% de los 161 planes valorados— las medidas voluntarias habían fracasado.
Por ejemplo, cuando la Unión Europea intentó reducir el número de peatones y ciclistas muertos por vehículos, Simplemente podría haber aprobado una ley que obligara a los fabricantes a cambiar la forma en que fabrican los parachoques y capós, con un coste de aproximadamente 30 libras por coche. Pero se prefirió un acuerdo de voluntariedad con el sector. El resultado fue un nivel de protección un 75% inferior al esperado de una ley que se hubiera promulgado.
Cuando el Gobierno galés introdujo un cargo de 5 peniques por las bolsas de plástico, de la noche a la mañana redujo su uso en un 80%. El Gobierno de Westminster afirmó que la autorregulación practicada por los minorías conseguiría eso igual de bien. ¿El resultado?, una gran reducción del 6%. Tras siete años perdidos, el mes pasado sucumbió a la lógica obvia e introdujo un cargo.
Los planes voluntarios diseñados para prevenir en España la publicidad de comida basura dedicada a los niños, a recortar los gases de efecto invernadero en Canadá, para ahorrar agua en California, para salvar a los Albatros de los pescadores de caña en Nueva Zelanda, para proteger a los pacientes de cirugía estética en el Reino Unido, para detener el marketing agresivo de las medicinas psiquiátricas en Suecia: fracaso, fracaso, fracaso, fracaso. Lo que el Estado podría haber hecho de un plumazo, de modo barato y eficaz, se dejó en las manos revueltas de sectores que incluso cuando son sinceros están fatalmente minados por los que van por libre y por los oportunistas.
En varios casos, las compañías suplicaron leyes nuevas para elevar los niveles en todo el sector: por ejemplo, las que hacen envolturas plásticas de ensilaje para los campesinos intentaron conseguir que el Gobierno del Reino Unido elevara la tasa de reciclaje, mientras que las compañías de jardinería querían regulaciones para eliminar el uso de turba. Pero el Gobierno se negó. ¿Consecuencia de una ideología ciega, de un sucio interés propio o de ambos?
Los donantes más importantes a los partidos políticos tienden a ser los peores operadores, al usar su dinero para mantener malas prácticas legales (pensemos en Enron). Como los partidos a los que dotan de fondos se inclinan ante sus deseos, todos los demás se ven obligados a adoptar los estándares más bajos. Sospecho que los gobiernos saben igual de bien que cualquiera que la ley es más eficiente y efectiva que la autorregulación, y que es por eso por lo que no se usa.
Poner trabas al electorado y liberarlas para los poderosos: es una fórmula perfectamente diseñada para una crisis multidimensional. Y, bueno, eso es lo que estamos cosechando.