Bosques tontos

La venta de los bosques estatales de Inglaterra es una posibilidad de hacer algo interesante. Están siendo despilfarrados.

El anterior Gobierno conservador tardó 13 años en proponer una liquidación tan impopular como esa. La privatización de los ferrocarriles se hizo con la oposición de un 85% de los votantes británicos(1), y ayudó al descarrilamiento de la administración de John Major en 1997. El plan de Cameron de vender los bosques públicos, presentado a la nación tras ocho meses en el puesto, cuenta con una oposición del 84% de los británicos(2). A tal extremo llega su brillante instinto político. Sin embargo, por estúpida y destructiva que parezca esta promesa de liquidación, está solo a un tiro de piedra de algo realmente interesante.

Lo bueno de este gobierno horrible es que reconoce –en teoría, aunque por lo visto no en la práctica– que hay más de dos opciones para la propiedad de los recursos comunes. Los gobiernos anteriores –tanto conservadores como laboristas– han presentado nuestras opciones en términos crudos: un activo de beneficio para el público puede ser poseído por el Estado o vendido a empresas y ciudadanos privados. Ambas partes han afirmado la propiedad absoluta de los recursos en los que todos tenemos un interés. Para privatizar algo, primero hay que reivindicar que el Gobierno y solo el Gobierno lo posee y tiene derecho a decidir quién se queda con ello y cómo se usará. A este respecto, los conservadores han defendido el poder del Estado tan fervientemente como los laboristas.

El Estado y el poder corporativo tienen más en común de lo que sugieren sus partidarios. En ambos casos, una pequeña elite usa nuestra haciendo pública para promover sus intereses privados. A veces esos intereses coinciden con los públicos, pero otras veces no. Hay una función para el poder del Estado y hay una función para la empresa privada, pero hay docenas de modelos de propiedad intermedios, que son olvidados tanto por los gobiernos como por sus críticos.

En el pasado, los laboristas nacionalizaron empresa que podrían haber sido cooperativas de trabajadores o de clientes. Los conservadores las privatizaron después sin explorar las alternativas. Su democracia de los accionistas podría haber tenido un significado: un público propietario de las acciones que mantuviera un interés permanente y distribuido en los bienes públicos. En cambio, lo que significó fue que una pequeña proporción de los títulos estuvo brevemente en las manos de la clase media antes de venderlos, mientras la alta dirección se apropiaba de muchos de los activos más importantes. Lo público no es lo mismo que el Estado. No es, simplemente, el sustantivo colectivo de ciudadanos privados atomizados.

Esta falsa elección tiene todavía menos sentido cuando se aplica a la propiedad de la tierra. La propiedad absoluta en manos del Estado o de los intereses privados es, en la mayoría de las partes del mundo, una invención reciente. Incluso después de la conquista normanda, cuando Guillermo I estableció un concepto de la propiedad más estrecho que aquel al que hubiera llegado antes cualquier rey inglés, el pueblo común conservaba derechos sobre la tierra que era propiedad de otros. Sus derechos de usufructo, pasto, a tomar leña, a que los cerdos pastaran en los bosques, el de cortar césped (como combustible) y el de pesca sobrevivieron muchos siglos antes de que desaparecieran: primero informalmente, después en actas sistemáticas de cercados. Incluso hoy –como podemos ver por la presión que forzó al Gobierno anterior a reconocer nuestro derecho a pasear por el campo, y la protesta que provocó su desregulación en la legislación de planificación– mantenemos el sentido de que la propiedad de la tierra no es como las otras propiedades. Aunque puede ser de propiedad privada, el pueblo mantiene sobre ella un interés y determinados derechos.

El Gobierno afirma ser consciente de que hay más vida pública que la del Estado o la empresa. En la práctica, su transición a la Gran Sociedad significa poco más que verter las funciones del Estado en el sector voluntario, sin gastar el dinero necesario para deshacerse de ellas. Si parte del poder y la riqueza que ahora reclama el Estado fuera a transferirse a la sociedad, apoyaría la disminución del Estado. Pero se está transfiriendo a otra elite: la clase corporativa que aporta los fondos del partido Conservador.

La creación de las zonas forestales públicas fue tan brutal como cualquier otra nacionalización. Me han contado que en las plantaciones de piceas de sitka que cubren gran parte del desierto cambriano del centro de Gales, pueden encontrarse edificios de granjas enteros –casas, graneros y corrales para aves y para otros animales– vendidos obligatoriamente al Estado y enterrados ahora en la oscuridad y el silencio sepulcral. Es probable que ahora la eliminación de las zonas forestales inglesas sea tan destructiva como lo fue su creación, pues los bosques administrados por una comisión reformista radical se venden al mejor postor. Y no sería necesario que fuese así.

Como señaló Andy Wightman en The Observer, que el Estado sea propietario de los bosques no es un concepto que debamos apresurarnos a defender (3). Comparaba la elección inglesa entre bosques estatales y privados con la comunidad de bosques de Francia y Escandinavia, y con el National Forest Land Scheme de Escocia, que está transfiriendo miles de acres a grupos locales. Aunque la administración de medio ambiente encargada de la comisión de bosques ha mejorado tanto que no se la reconoce, en principio no hay razón para conservar lo que es propiedad de los ministros del Gobierno. Aunque hoy su propiedad de los bosques es principalmente benigna, en el pasado, cuando los antiguos bosques fueron sustituidos por los desechos sin sol de las coníferas de los campos de desfiles, esa administración fue terrible. En cualquier caso, es propiedad de ellos, no nuestra. Nosotros no somos el Estado.

El Gobierno mantiene que quiere estimular “nuevos modelos de propiedad”(4), y abrir “nuevas oportunidades para la participación pública”(5). Sugiere que “grupos de la comunidad y de la sociedad civil” deberían comprar o alquilar bosques que ahora son propiedad de la Forestry Commission(6). Solo hay una trampa: “cualquier venta deberá hacerse a valor del mercado”(7). Tendremos que pagar por algo que ya consideramos nuestro, a un precio (entre 3.500 y 7.000 £ la hectárea(8)) que pocas comunidades pueden permitirse. Si no encontramos el dinero, los bosques serán comprados por las empresas. El Gobierno espera que solo el 8% de los bosques que se vendan será comprado por grupos de la comunidad. Los documentos de la Forestry Commission sugieren que la proporción real será muy inferior(9).

Sin dinero, la Gran Sociedad es una tontería. Si el Gobierno dice la verdad cuando habla de estimular la participación pública, debería dar las zonas forestales a grupos de la comunidad, usando el dinero obtenido de la venta de las plantaciones de piceas de sitka a las empresas forestales para dar apoyo a los nuevos propietarios públicos. En cambio, el dinero desaparecerá en Hacienda, para gastarse en portaviones vacíos y en perdonar impuestos a las empresas. (En caso, desde luego, de que haya algún dinero. Cuando las empresas forestales son compensadas por la conservación y el acceso público, estas ventas pueden costar más de lo que se recibe).

Como toda privatización y toda nacionalización, es una oportunidad perdida. Si el Gobierno se creyera su propia retórica, deshacerse de las zonas forestales ayudaría a restaurar una auténtica propiedad pública de la tierra, perdida durante siglos de desposeimientos y decretos de cercados. En lugar de eso, parece que tenemos otra escuálida liquidación total por incendio, liquidando lo que es público para obtener un poco de dinero para emergencias.

Artículo original:

http://www.monbiot.com/2011/01/31/forest-chumps/

Traducido para Globalízate por Víctor García

Referencias:
1. http://hansard.millbanksystems.com/commons/1995/feb/07/passenger-services-under-rail
2. http://www.guardian.co.uk/environment/2011/jan/22/poll-england-forest-sell-off
3. http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/jan/16/andy-wightman-woodlands-public-ownership
4. DEFRA, January 2011. The Future of the Public Forest Estate in England, page 5.
http://www.defra.gov.uk/corporate/consult/forests/20110127-forestry-consult-doc.pdf
5. As above.
6. As above, page 24.
7. As above, page 33.
8. http://www.guardian.co.uk/environment/2011/jan/28/england-forest-sell-off-q-and-a
9. http://www.guardian.co.uk/environment/2011/jan/27/england-forest-sell-off-activism