CCOO y ONGs acusan al gobierno de falsear datos de inmigrantes legalizados en 2003
Europa Press, 27/01/2004CCCO Y ONGS ACUSAN AL GOBIERNO DE FALSEAR DATOS DE INMIGRANTES LEGALIZADOS EN 2003
Globalizate/EuropaPress
El responsable de Comisiones Obreras (CC.OO.) en materia de inmigración, Ghassan Saliba, denunció que las cifras de inmigrantes regularizados en 2003 que dio el Gobierno español, y hablaban de 300.000 inmigrantes legalizados, le parecían "exageradas, teniendo en cuenta las vías de regularización".
Saliba se preguntó "¿Por qué vía se regularizaron 300.000 personas?" y lanzó sus cifras aproximadas de "unos 3.000 inmigrantes legalizados en España y sólo 350 en Catalunya", alegando que el Ejecutivo "utilizó el concepto de arraigo de forma muy restringida".
Saliba consideró que el Gobierno añadió al contingente "los permisos temporales de campañas, de seis o nueve meses de duración, y los procedentes de la reagrupación familiar" para engrosar las cifras. Se trataría de 25.000 personas que sumaron dentro de las cifras de regularizados, según estas organizaciones.
Las vías de contingente que ha utilizado el Gobierno para regularizar "han fracasado y deberían otorgar más competencia en la materia a los gobiernos autonómicos, tener una determinación de la necesidad de mano de obra y destinar recursos humanos y económicos al problema", según Saliba.
El responsable de la Asociación Chilena en Catalunya, Alejandro Erazo, señaló que el "Gobierno del PP mantiene un criterio de cierre de fronteras que crea una situación muy grave", y expresó su preocupación porque "alguien está beneficiándose de esto gracias a la mano de obra barata y su sobrexplotación".
MANIFIESTO PARA EXIGIR SOLUCIONES.
La organización sindical CC.OO., la asociación SOS Racisme y la Coordinación de Entidades de Inmigrantes exigieron, en un manifiesto publicado hoy, soluciones para más de un millón de inmigrantes 'sin papeles' que hay en España, de los cuales 200.000 están en Catalunya. La mayoría trabaja en la economía sumergida en condiciones laborales de sobrexplotación, según explicaron estas entidades.
El manifiesto, leído por la responsable del Centro Boliviano Catalán, Elsa Oblitas, exige la "puesta en marcha de un proceso de regularización para las personas 'sin papeles' que están trabajando y para las que demuestran un arraigo en la sociedad a través de una oferta de trabajo o de vínculos familiares".
En este punto, un nuevo plan de inmigración debería regularizar, según dichas entidades, a las personas que están trabajando, la mayoría en la economía sumergida, y a las que llevan dos o tres años en España.
Las entidades que defienden los derechos de los inmigrantes también piden "la instauración de un sistema jurídico respetuoso de los Convenios Bilaterales, los convenios internacionales, los derechos humanos y los derechos fundamentales de las personas".
Finalmente, exigen la "generalización del visado de seis meses para las personas que deseen acceder al mercado laboral en España, para acabar con el origen de la irregularidad y dar un marco legal y ordenado a la llegada de personas inmigradas".
Saliba explicó que el "Gobierno del PP sigue desde 2001 una política sin negociaciones", y expresó su "escaso optimismo" hacia una posible voluntad de avanzar en el problema por parte de los populares.
El responsable de CC.OO. dijo que el Gobierno "no puede seguir negando esta realidad con su política", y añadió que tienen que "dar una respuesta ahora o después de las elecciones". También manifestó su temor de que "la nueva ley pueda establecerse en el momento en que más les convenga electoralmente".
Además, las entidades que defienden los derechos de los inmigrantes hicieron un llamamiento a la Generalitat de Catalunya y al Parlament para que "den apoyo a los ayuntamientos que rechazan facilitar los datos del padrón a la policía". Se trata de 20 ayuntamientos catalanes, entre los que se encuentran Badalona, Vilanova i la Geltrú, Manresa, Sitges o Banyoles, entre otros.
También piden la elaboración de un Plan de Primera Acogida para las personas recién llegadas y asegurar, así, los derechos universales de todas las personas al margen de sus situaciones administrativas.
Finalmente, exigen que "el Gobierno de Catalunya presente un recurso de anticonstitucionalidad a la Ley de Extranjería modificada recientemente".
NO PARTICIPARÁN EN LA MANIFESTACIÓN EUROPEA.
Estas entidades no se sumarán ni convocarán la manifestación que se celebrará el sábado en toda Europa para pedir la regularización de los inmigrantes y rechazar las leyes de extranjería de cierre de fronteras europeas.
Los responsables de las asociaciones explicaron que hacen "una valoración diferente a la de la organización Papeles Para Todos y no coincidimos con el planteamiento que ellos tienen", aunque no descartaron acudir a título individual.
Asimismo, destacaron que esto "no significa que en el futuro no emprendamos acciones conjuntas para regularizar a los 200.000 inmigrantes 'sin papeles'".