Energía: lo público y lo privado

Quiere uno creer que entre nosotros va ganando terreno, paulatinamente, la conciencia de que el planeta no da para más. De resultas, la idea de que debemos tomarnos en serio la perspectiva de reducir los niveles de consumo y desdeñar las presuntas virtudes del crecimiento económico se impone en paralelo con la búsqueda incipiente de otras formas, más benignas y austeras, de organización de nuestras sociedades.

Hay quien dirá, en un argumento respetable, que la sensibilidad en lo que hace a estas cuestiones ha alcanzado incluso, siquiera sea livianamente, a nuestros gobernantes. Bastará con invocar al respecto el designio, formulado días atrás por el ministro de Industria, y al parecer no acompañado --bien es cierto-- de medidas precisas, en el sentido de acometer una reducción de un 10% en el gasto energético de la maquinaria política y administrativa que dirige.

Se antoja extremadamente llamativo, sin embargo, que la certificación de que despilfarramos energía que se sigue, inevitablemente, de la decisión impulsada por el señor Sebastián en modo alguno conduce a trasladar a la ciudadanía el mensaje de que debe asumir, también, un cambio significativo en su conducta ante estos menesteres. Si uno quiere ser puntilloso estará obligado a reconocer que lo que acabo de señalar tiene, con todo, una excepción aparentemente relevante en la forma de las constantes recomendaciones que nuestros gobernantes han formulado, en los últimos años, en lo que atañe a la necesidad imperiosa de reducir el consumo de agua. No debe perder de vista el lector, sin embargo, que la excepción que nos ocupa se sitúa en un terreno muy singular, que en los hechos --parece-- la anula como tal: la mayoría de los trechos de la economía del agua tienen un carácter público, o parapúblico, de tal suerte que la presencia de los intereses privados en el mercado correspondiente es a la postre menor.

Lo diré de otra manera: si en el caso del agua la condición primordialmente estatal de la economía afectada hace posible que nuestros gobernantes se muevan con encomiable soltura y se permitan reclamar con insistencia un esfuerzo ciudadano de reducción en los niveles de consumo, no puede decirse lo mismo de otros segmentos de la vida económica en los que los intereses del sector privado se imponen con rotundidad. Ahí está el caso del propio ministro Sebastián, quien semanas atrás no pestañeó a la hora de anunciar ayudas públicas para la adquisición de nuevos automóviles, presuntamente menos contaminantes, si los propietarios de los viejos se avenían a deshacerse de éstos. ¿No hubiera sido más razonable que, en un escenario indeleblemente marcado por la subida en los precios internacionales de las materias primas energéticas, nuestras autoridades apostaran con claridad por políticas encaminadas a convencer a los ciudadanos de que lo suyo es que vayan pensando en apartar el coche de sus vidas? ¿Es que nuestras autoridades no son conscientes de la sinrazón que acompaña al hecho de que la mentada subida en los precios de la energía no se ha visto seguida, como sería lo razonable, de reducciones notables en los niveles de consumo?

Para explicar lo anterior no hay que ir muy lejos: a diferencia de lo que ocurre con el agua, los sacrosantos derechos de las empresas privadas --en este caso las del sector del automóvil-- se imponen, intocables, por doquier, y ello hasta el punto de que resulta sencillo imaginar cuál sería la reacción de aquéllas si los poderes públicos tomasen, en serio, cartas en el asunto de convencer a los ciudadanos de que también en relación con el transporte y sus cuitas deben cambiar drásticamente de hábitos. El lector con buena memoria recordará inmediatamente la patética reacción de repulsa asumida por alguna de nuestras empresas eléctricas cuándo, en un par de momentos en los últimos años, la ministra de Medio Ambiente decidió respaldar una simbólica campaña que nos exhortaba a reducir a la nada, durante cinco escuálidos minutos, nuestro consumo de electricidad en una tarde invernal. Como recordará, tal vez, que la legislación vigente impide que se invite a los ciudadanos a retirar sus depósitos en bancos que es notorio no han dudado en financiar a empresas sumergidas hasta el cuello en el comercio de armas, en la explotación del trabajo infantil o en el despliegue de irreversibles agresiones medioambientales.

Hay quien se sentirá tentado de recordar, por qué no, que el pecado de nuestros poderes públicos no queda dónde lo hemos dejado. Y es que no sólo se trata de que aquéllos eludan cualquier horizonte de contestación del negocio privado, aun a sabiendas de lo que éste acarrea, tantas veces, en los planos energético y ecológico: tan grave como ello es el hecho de que porfíen en construir faraónicas infraestructuras de transporte que el tiempo demostrará, más pronto que tarde, son literalmente insostenibles y que a poco más obedecen que al propósito de mover el carro de ese negocio privado que ahora nos atrae. Ahí está, por lo demás, el patético ejemplo que acaba de darnos el presidente Rodríguez Zapatero, quien al parecer no barruntó problema alguno en la fórmula verbal con la que remató su discurso de clausura en el congreso recientemente celebrado por el Partido Socialista: ¡A consumir!

Frente a tantos desafueros no queda sino reclamar la necesidad imperiosa de una rebelión ciudadana que denuncie con desparpajo el sinfín de prácticas impresentables que nos acosan, que reclame un drástico cambio de rumbo y que emplace a los dirigentes políticos a romper amarras --de esto se trata-- con atávicos y esquilmadores intereses.

Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y colaborador de Bakeaz.