Retos de México

Reducir la pobreza urbana y ampliar la cobertura de la protección social para los pobres

CIUDAD DE MÉXICO, a 24 de agosto de 2005 – Aun cuando las tendencias del combate a la pobreza entre 2002-2004 son alentadoras —principalmente en lo que respecta a la pobreza rural—, México enfrenta desafíos como la disminución de la pobreza urbana, que se mantiene estancada, así como hacer su sistema de protección social menos regresivo y más equitativo para darle mayor cobertura a los pobres.

Así lo indica el estudio Generación de Ingresos y Protección Social para los Pobres, realizado por el Banco Mundial a solicitud del gobierno mexicano y presentado esta mañana en Los Pinos. El documento, la segunda de tres partes de un estudio programático sobre la pobreza en el país, indica que en 2002 los niveles de pobreza nacional y rural recientemente regresaron a los observados antes de la crisis de 1994-1995.

“México ha tenido un progreso considerable en la reducción de la pobreza desde finales de los noventa, con un desempeño superior al promedio de América Latina”, aseguró Jaime Saavedra, Gerente de Pobreza para América Latina del Banco Mundial. “Entre 2000 y 2004, la pobreza extrema mostró una reducción de casi siete puntos porcentuales, que puede explicarse por el desarrollo de las áreas rurales, en donde la pobreza extrema disminuyó de 42.4 a 27.9 por ciento. Sin embargo, la tasa de pobreza urbana se estancó en 11.3 por ciento”, explicó.

De acuerdo con el estudio, los factores que han contribuido a la reducción de la pobreza rural incluyen la estabilidad macroeconómica, el aumento de transferencias públicas y privadas, incluidas las remesas, y la diversificación del ingreso en actividades no agrícolas, como el turismo y los servicios.

Sin embargo, las tasas de pobreza en el sector urbano no han mejorado. Los pobres urbanos trabajan más por menos remuneración. El ingreso laboral es la principal y a menudo la única fuente de ingreso para los pobres urbanos. En México, 57 por ciento del ingreso del quintil urbano más pobre proviene de la mano de obra, promedio mayor que el de América Latina.

“Aunque ha habido una mejora en los salarios desde 1996, la evidencia demuestra que los pobres urbanos todavía trabajaban más pero por menos salarios en 2003 en comparación con 1991”, dijo Gladys Lopez-Acevedo, Economista Senior del Banco Mundial. “A lo largo de los últimos 15 años, las tendencias del mercado laboral no han sido alentadoras, por lo que uno de los mayores retos es aumentar el acceso a oportunidades de trabajo productivo para los pobres”, comentó la también autora del estudio.

Otro de los puntos del informe es que, desde su creación en la década de los 40, el sistema mexicano de protección social no se ha adaptado de manera adecuada para responder a los riesgos que enfrentan los pobres. Al no cubrir a los hogares más pobres, las instituciones públicas de seguridad social han fallado en mitigar la desigualdad que persiste en la sociedad mexicana, por lo que una gran mayoría de pobres tiene pocos medios para manejar riesgos.

El estudio explica que México invierte menos en protección social y en los sectores sociales en general, como consecuencia de un reducido presupuesto fiscal, que refleja la limitada base tributaria y un bajo ingreso fiscal. Los recursos públicos para continuar mejorando y expandiendo los programas para la reducción de la pobreza y aumentar la cobertura de la seguridad social, particularmente para los grupos más vulnerables, son muy limitados actualmente.

Por ello, una reforma fiscal que pueda expandir el presupuesto es crítica. Mientras que países como Chile y Brasil dedican respectivamente, 16 y 19 por ciento de su PIB al gasto social, la asignación de México al sector social es de cerca de 10 por ciento, y se traduce en niveles relativamente bajos de gasto social per cápita.

Asimismo, la mayor parte del gasto en protección social no llega a los más pobres debido a la estructura dual del sistema. Cerca de 90 por ciento del gasto en protección social se canaliza por medio de instituciones orientadas a prestar servicios de salud y pensiones a los trabajadores de los sectores público y privado, con lo que se excluye entonces a los trabajadores informales.

Actualmente, en conjunto, el IMSS (empleados del IMSS) y el ISSSTE, representan un pasivo contingente significativo, que alcanza cerca de 82 por ciento del PIB. Esta estructura plantea una amenaza para mantener y ampliar otros programas de gasto social mejor orientados a los pobres.