Cambio climático, Cumbre de Copenhague y presidencia española de la Unión Europea

Propuesta de resolución, redactada por el Área Federal de Ecología y Medio Ambiente, relativa a Cambio climático, Cumbre de Copenhague y presidencia española de la Unión Europea

Por medio del presente escrito y al amparo de lo establecido en el Artículo 197 del Reglamento de la Cámara, el Grupo parlamentario de ERC-IU-ICV formula la siguiente propuesta de Resolución sobre Cambio climático, Cumbre de Copenhague y presidencia española de la Unión Europea, con motivo del debate de política general en torno al estado de la sociedad española.

Cambio climático, Cumbre de Copenhague y presidencia española de la Unión Europea

Ante la Cumbre sobre el Cambio Climático de Copenhague que Naciones Unidas celebrará en diciembre de 2009 (cumbre que marcará el post-Kioto con un nuevo pacto mundial para hacer frente al calentamiento global), y ante la presidencia española de la Unión Europea en el primer semestre de 2010, Izquierda Unida estima muy importante tomar en consideración que la lucha contra el cambio climático es inseparable de la reorientación de nuestras formas de producción, distribución y consumo, cuando se conciben y se ponen en práctica medidas destinadas a superar la actual crisis financiera, económica y energética.

Como es sabido, Izquierda Unida es favorable al desarrollo, inmediato y contundente, de un nuevo tratado mundial consecuente con el Cuarto Informe del Panel Internacional sobre el Cambio Climático, cumpliendo además el plan de acción de la UE para el periodo 2007-2009, como reducir las emisiones globales un 30% para 2020 y al menos un 80% para 2050, aumentar el uso de energías renovables un mínimo del 25% para el 2020, reducir el consumo de energía primaria un 25% para el 2020 y aumentar la eficiencia energética en un 2% por año, incluyendo la limitación de consumo per cápita. En este mismo sentido la industria y la producción intensiva en consumo energético deben implantar programas de eficiencia energética y los subsidios energéticos deben limitarse a las energías renovables y a los procesos insertos en el ahorro y eficiencia energética.

Izquierda Unida se opone a reducir el Protocolo de Kioto a un sistema de mercado de cuota de emisiones, y estima que para llevar a buen término el tratado mundial post-Kioto es necesario implantar una nueva estrategia capaz de aunar la reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero y el desarrollo humano social y ecológicamente sostenible inmerso en el reparto equitativo de la riqueza. Es, por tanto, necesario un nuevo paradigma que esté basado en la cooperación en vez de la competencia, empezando por la transferencia de tecnología a los países en desarrollo, la financiación preferente para las tecnologías limpias, y políticas de ajuste a las exigencias de evitar el cambio climático.

Izquierda Unida apuesta por un nuevo modelo productivo y de consumo, eficiente, que cubra las necesidades básicas de salud (estado de completo bienestar físico, mental y social) y autonomía (no depender de las demás personas), con el objetivo universal de participar satisfactoriamente en la vida social, sin peligro o riesgo para la integridad personal. Cubierta que implica atender adecuadamente alimentación y agua adecuadas, vivienda, ambiente físico, urbano y laboral sano, atención sanitaria eficiente, seguridad física y emocional, seguridad económica, enseñanza básica, embarazo y nacimiento seguros, reproducción y cuidado, actividad productiva, creación y transmisión cultural, y organización política participativa.

Por todo ello, el Congreso insta al Gobierno a:

1.- Invertir decididamente en la rehabilitación del parque de viviendas existente, muy mal repartido entre las personas y en el territorio, que en gran medida es viejo, energéticamente ineficiente y gran consumidor de energías fósiles, provocadoras del cambio climático. Reduciría la factura energética de la sociedad española, nada malo de cara al futuro, y generaría un empleo en la edificación más intensamente mucha de la obra pública de construcción que se ha puesto en marcha.

La mejora de las viviendas debería permitir instalar captadores solares térmicos y fotovoltaicos, dobles cristales, reforzar el aislamiento de las paredes, mejorar los dispositivos de ahorro y reutilización del agua, etc.

Para financiar esta gran operación y dado que los Presupuestos Generales del Estado para 2009 prevén 20.000 millones de euros con destino a infraestructuras, que generan muy poco empleo y tienen poco efecto multiplicador, se destinaría la mitad de dicha cifra. Sólo 10.000 millones de euros permitirían rehabilitar anualmente un millón de viviendas con una transferencia de 10.000 euros a cada hogar. En este proceso, en cinco años se podrían rehabilitar unos cinco millones de viviendas, creando muchos puestos de trabajo. La operación supondría, además, un ahorro energético substancial y el conjunto sería más sostenible. Las pequeñas y medianas empresas, nicho donde se cobija la mayor parte de los puestos de trabajo, aumentarían su actividad y se generaría una demanda solvente de captadores solares térmicos y fotovoltaicos. Sería, por tanto, una apuesta importante a favor de las energías renovables y a favor de un tejido industrial orientado hacia un ámbito de gran futuro como es el representado por la investigación, la aplicación y la innovación orientadas a la sostenibilidad.

Un plan de esa envergadura, además de la donación de una cantidad a fondo perdido, requeriría condiciones especiales como, por ejemplo, una normativa (con cláusulas obligatorias, como las existentes ya en varios municipios españoles y del resto de Europa, en materia de energías renovables) para hacer más sostenible el parque de viviendas existente, o programas de ayuda a pequeñas y medianas empresas de cara a una reconversión industrial siempre que hiciera falta, formación con miras al reciclaje profesional de las personas, etc. Con semejantes incentivos y ayudas cabría esperar una buena respuesta de la actividad productiva.

Hay precedentes destacados de aplicación del presupuesto público a la demanda privada. Todo el mundo conoce que en Alemania el Gobierno decidió conceder 750 euros a cada particular que cambiara su calefacción consumidora de energías fósiles (carbón, gasóleo o gas) por calefacción de fuentes renovables (solar, por ejemplo). Esta medida es un gasto público que orienta la demanda hacia unos productos cuya concepción, diseño, fabricación, difusión, venta y utilización señalan el futuro, puesto que favorecen la transición del actual modelo energético basado en el petróleo, sucio, finito e insostenible, hacia un modelo basado en las energías renovables. Es una medida de política económica gubernamental inteligente, que crea demanda orientando indirectamente a los inversores hacia una industria que necesita todavía incentivos para establecerse sólidamente.

Incrementar con el dinero público la demanda privada debidamente orientada es un método conocido por el Gobierno de España, ya que, como otros gobiernos europeos, lo concede ayudas para renovar el parque automovilístico. Pero es un disparate destinar dinero a fomentar la producción de automóviles, que debería empezar a reducirse en beneficio de la producción de bienes orientados a la sostenibilidad ecológica, como los paneles solares o el aislamiento térmico en los edificios, además de reequilibar el territorio potenciando las ciudades medias y pequeñas, incrementando la accesibilidad a los bienes, servicios y contacto con las demás personas basándose en el sistema de transporte sostenible que se fundamenta en los conceptos de a pie, en bicicleta y en tren.

Y otro tanto puede decirse de la demanda pública. La demanda pública genera también bienes y servicios útiles, y puestos de trabajo. Pero ¿por qué más autopistas en lugar de más vías férreas normales, más trenes y mejor servicio ferroviario? ¿Por qué no renovar y ampliar las instalaciones de centros de salud y enseñanza, aplicándoles también criterios de ahorro energético y de sostenibilidad?

2.- Impulsar decididamente el transporte sostenible siendo conscientes de que la función del transporte es crear accesibilidad. Accesibilidad que facilita alcanzar los bienes, los servicios y el contacto con las demás personas. Transporte sostenible que genere la máxima accesibilidad con la mínima movilidad, es decir con la mínima cantidad de transporte, ya que se ha de acceder a los bienes, a los servicios, al contacto con las demás personas, con un desplazamiento mínimo.

El sistema de transporte sostenible ha de ser multimodal e integral, universal y público. Y sin olvidar que en todo sistema de transporte hemos de distinguir entre servicios de transporte e infraestructuras para el transporte.

El transporte, para ser sostenible, ha de tener carácter universal y ser público, garantizando el servicio a todas las personas, independientemente de su situación geográfica, poder adquisitivo, género o edad.

Con la consideración de sistema multimodal se quiere significar que todos los modos y medios de transporte tienen algún cometido en el conjunto del sistema. A pie, en bicicleta y en tren normal, son los modos y medios fundamentales del sistema, y el automóvil, moto, camión, autobús, avión y tren de alta velocidad, son los modos y medios complementarios.

Se utiliza la expresión de ferrocarril normal, aunque exista la moda, errónea, en este caso por despectiva, de decir ferrocarril convencional. Es despectiva porque convencional se dice de una persona, de una actitud, de una idea,... poco original y acomodaticia.

Con la consideración de integral se está señalando que el sistema de transporte ha de coordinar todos los modos y medios de forma que los complementarios sirvan para reforzar la actividad de los fundamentales, y que las tarifas y los horarios han de generar coherencia, disponibilidad, fiabilidad y calidad de transporte.

El automóvil no puede ser el medio de transporte básico, porque no es sostenible ya que no es universalizable. Si en España, sociedad del primer mundo, hay un tercio de hogares que no poseen automóvil y la mitad de las personas no poseen permiso de conducir, cómo va a ser un medio capaz de atender las necesidades de desplazamiento de toda la humanidad. Y eso, sin haber entrado a considerar el agotamiento de los combustibles fósiles, la enorme ocupación de suelo de las autopistas, el desequilibrio territorial provocado por las grandes aglomeraciones urbanas, la contaminación del aire, el ruido, y otros efectos, ecológicos y sociales, negativos, del transporte por carretera.

La geografía europea, sus tradiciones sociales y la especial posición de España, hacen lógico el fomento del transporte público colectivo, con el ferrocarril como el sistema de transporte motorizado terrestre fundamental en las grandes y medias distancias. Y ello con gestión pública de las redes existentes y de sus futuros desarrollos, devolviendo al sistema la unidad de gestión y derogando, por tanto, la Directiva 440/1991 que sentó las bases de los procesos de privatización, mal llamados de liberalización, que se están llevando tanto en España, con la Ley del Sector Ferroviario, como en el resto de los países de la UE.

Hacen lógico el cumplimiento del vigente Libro Blanco del Transporte de 2001 y la obligación de que en el horizonte de 2020 al menos el 30% de todas las mercancías que se transporten por tierra en la UE lo hagan por tren, reduciendo los impactos del transporte en el cambio climático y disminuyendo los enormes problemas de congestión, contaminación y siniestralidad que causa la preferencia abusiva por la carretera, los grandes camiones y la combustibles fósiles.

Impulsan restablecer el carácter público de la gestión de los puertos marítimos y la armonización de las leyes del transporte marítimo destacando la seguridad y la protección ambiental del medio marino, la plataforma continental, las costas y las playas. Así como la correcta y armónica integración de los puertos en los tejidos urbanos adyacentes, y la eliminación de la contraproducente proliferación de puertos ligados a la especulación del suelo.

Fortalecen la dimensión de servicio público del transporte aéreo y de todos los aeropuertos, así como de la protección ambiental contra la contaminación acústica y atmosférica. Y como en el caso de los puertos la eliminación de los aeropuertos y proyectos de aeropuertos ligados a la especulación del suelo.

3.- Aprobar el calendario de cierre de las centrales nucleares, ya que estas, entre otras cosas, no son sirven para evitar el cambio climático. La participación de las centrales nucleares en el modelo energético mundial es muy pequeña. Existen porque tras ellas hay grandes intereses geoestratégicos y militares. Las que funcionan se sostienen con fuerte apoyo financiero público.

La energía nuclear está excluida de los mecanismos financieros del Protocolo de Kioto, decisión que se estableció en julio de 2001, en la Cumbre de Bonn del Convenio Marco de Protección del Clima. Por otra parte, está demostrado que, considerando el ciclo completo de las tecnologías de generación eléctrica no-fósiles (es decir, la nuclear y las renovables), por cada kW/h producido, la energía nuclear emite más CO2 que cualquiera de las energías renovables. Porque en todas las etapas del ciclo nuclear –la minería del uranio, la fabricación del concentrado, el enriquecimiento del mismo, la fabricación del combustible nuclear, la construcción de las centrales nucleares, su mantenimiento y posterior desmantelamiento, la gestión de los residuos radiactivos, etc… se consumen grandes cantidades de combustibles fósiles.

Las centrales nucleares son altamente inseguras, tanto por la tecnología que emplean, como por ser objetivo del terrorismo. Además, los residuos de alta radiactividad son peligrosos durante miles de años. La industria atómica no ha sido capaz de encontrar una solución satisfactoria al inmenso problema que supone generar residuos radiactivos cuya peligrosidad se mantiene durante decenas de miles de años. Los residuos radiactivos son la prueba más clara de la insostenibilidad de la energía nuclear. Además el uranio, materia prima es, como el petróleo, un recurso finito y con pocas reservas.

En su funcionamiento rutinario, las centrales nucleares emiten al medio ambiente radiactividad: efluentes gaseosos radiactivos mediante la chimenea dedicada al efecto en las instalaciones, y efluentes líquidos radiactivos al mar, al embalse o al río de los que depende para la refrigeración. Si un accidente nuclear puede liberar dosis masivas de radiactividad en un instante, las emisiones rutinarias son responsables de generar “dosis bajas”. Pero es necesario tomar en consideración que la radiactividad tiene efectos acumulativos. En este sentido, según revela un estudio realizado por el Centro Español de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Sanidad, la tasa de mortalidad por mieloma múltiple registrada en las proximidades de la ahora cerrada central nuclear de Zorita es cuatro veces más alta de lo normal.

Además, un estudio pronuclear del Instituto Tecnológico de Massachussets, Estados Unidos, de 2003, concluyó que, en las condiciones actuales, la energía eléctrica de origen nuclear no es competitiva. Para que lo fuera, los gastos de construcción deberían disminuir un 25%; los plazos de construcción de las centrales acortarse a cuatro anos (actualmente es más del doble); los costes de explotación y mantenimiento reducirse en un 8%... Lo que difícilmente se logrará, entre otras cosas, porque tanto los costes de construcción como los precios del combustible nuclear son muy dependientes de los precios del petróleo, ya que en todas las etapas del ciclo nuclear se consumen grandes cantidades de combustibles fósiles.

Las inversiones dirigidas a promover la eficiencia energética son siete veces más efectivas que las dirigidas a la energía nuclear a la hora de evitar emisiones de dióxido de carbono, CO2.

El calendario de cierre de las centrales nucleares, en España, ha de comenzar por el cierre inmediato de la central de Garoña, Burgos, ya que su licencia caduca el próximo 5 de julio de 2009. El sistema eléctrico español está en condiciones de suplirla sin poner el riesgo el suministro y con su cierre reducimos generación de peligrosos residuos radiactivos.

4.- Potenciar la generación de electricidad con fuentes renovables para eliminar la inversión en los denominados mecanismos de desarrollo limpio del Protocolo de Kioto como forma de reducir emisiones.

Los mecanismos de desarrollo limpio, MDL, son insuficientes para resolver los problemas del cambio climático, permiten seguir emitiendo gases con efecto invernadero a cambio de invertir en nuevas tecnologías. Estos MDL, como la compra de derechos de emisión y como la “compra de aire caliente” son los intentos, en el caso español, de paliar el escándalo de incumplir con Kioto.

La inversión española de 370 millones de euros en energías renovables y reforestaciones en países del tercer mundo, cuya reducción de emisiones se computa dentro de los MDL, es cifrada en unos 60 millones de toneladas, equivale a la sexta parte de las emisiones españolas de un año. El 49 por ciento de esas inversiones se ha realizado en América Latina, el 43 por ciento en Asia, el 5 por ciento en Europa del Este y el 3 por ciento en África. A la vez, España es un vergonzante comprador de derechos de emisión de dióxido de carbono en diversos estados de Europa del este. El Ministerio español de Medio Ambiente cerró compras en Hungría, Polonia, Ucrania, Chequia, Letonia, Lituania y Estonia. Ha comprado o negocia aún comprar los excedentes que estos países lograron cerrando fábricas. El Gobierno General del Estado Español necesita comprar más de 160 millones de excedentes dado el enorme volumen de emisiones en el sector difuso donde destaca una humillante participación de los automóviles, camiones y aviones. Además de las compras realizadas por la administración pública, la industria tendrá que comprar 130 millones de toneladas de CO2, casi tanto como el propio Ejecutivo.

Así mismo se compra, por ejemplo a Rusia y Ucrania, el llamado “aire caliente”, por emisiones que nunca se produjeron. Es este caso no existe reducción alguna de emisiones, se mire como se mire, aunque las compras se vinculen a algún tipo de condicionante ambiental para el vendedor y aunque la “compra de aire caliente” se contemple como mecanismo en el Protocolo de Kioto.

En definitiva, a pesar de que el Protocolo de Kioto es un acuerdo modesto, en el que hay una gran distancia entre los objetivos fijados y los que realmente serían necesarios para hacer frente al problema del cambio climático, lo primero de todo es exigir su cumplimiento para impedir que la temperatura media de la Tierra se incremente más de 2 grados centígrados.

5.- Impulsar con decisión las energías renovables superando, en el caso de España, la faltas de cumplimiento del Plan de Fomento de las Energías Renovables 1999-2010 que no ha conseguido mejorar la aportación de las renovables al consumo final, sobre todo en el ámbito de la energía solar.

Como señalan numerosos expertos, es posible generar con tecnologías limpias toda la electricidad que se consume en España, por ejemplo. También desde el punto de vista económico, el informe “Renovables 100%”, que una destacada asociación ecologista encargó al Instituto de Investigaciones Tecnológicas, demuestra que España podría cubrir con renovables todas sus necesidades energéticas en el año 2050, y que cuando se permite a cada tecnología renovable recorrer toda su curva de aprendizaje, alcanza costes que están por debajo de los actuales de las energías sucias y de los que alcanzarán éstas últimas en el futuro.

En el caso español el Gobierno General del Estado debe proponer al Parlamento una ambiciosa ley de energías renovables, además de proponer otra de eficiencia energética. Las energías renovables deben ser consideradas un sector estratégico, y sus instalaciones deben ser prioritarias frente a otros métodos. Las administraciones públicas deben fomentar la instalación de plantas fotovoltaicas de referencia en las grandes cubiertas de los edificios públicos.

Es importante facilitar la conexión de los pequeños productores y las administraciones públicas locales a la red, eliminando las trabas puestas por las grandes empresas del sector eléctrico. Trabas que se reflejaban en la prensa de este mes de mayo de 2009 cuando señalaba que el Ministerio español de Industria estimaba que las energías renovables amenazan a la red eléctrica. Decían los periódicos: “El Ministerio de Industria alerta de que la explosión de las renovables amenaza la red eléctrica y el precio de la luz. Por eso en el decreto ley con el que aprobó el bono social y que se publicó el jueves en el BOE introdujo un registro para controlar los proyectos y una advertencia de que bajará las primas. El Gobierno quiere evitar burbujas en la energía termosolar como la que el año pasado vivió la solar fotovoltaica… "La tendencia que están siguiendo estas tecnologías [las renovables], podría poner en riesgo, en el corto plazo, la sostenibilidad del sistema, tanto desde el punto de vista económico por su impacto en la tarifa eléctrica, como desde el punto de vista técnico".

Definir una estrategia energética a largo plazo con reducción de los flujos de energía y materiales, con ahorro y eficiencia, con reequilibrio territorial y una ordenación del territorio basada en la red de ciudades medias y pequeñas, con un sistema de transporte multimodal fundamentado en la máxima de “a pie, en bicicleta y en tren”, y con transporte público colectivo cuando haya de ser motorizado.

Una estrategia energética ligada a un modelo de vida de proximidad con desarrollo del sistema de primas a las energías renovables, sobre todo la fotovoltaica, garantizando un retorno definido y estable a las inversiones, que deben ser más atractivas que las inversiones en fuentes de energía sucia. Se necesita disponer de las mejores primas para la fotovoltaica en las instalaciones inferiores a 10 MW, decrecerla para las instalaciones de potencias superiores e incrementarla para instalaciones en edificios con potencias inferiores a 100 kW.

Reservar casi la mitad de los objetivos de implantación de renovables en eólica y fotovoltaica a favor de las administraciones públicas municipales y desarrollar una red de transporte eléctrico que permita evacuar la producción energética sostenible desde las zonas rurales, frenando la concentración de la generación de electricidad en los grandes grupos financieros.

Artículo original:

http://www.ordoniez.org/afema/afema.htm