La aplicación de Kioto costará 19.000 millones a España entre 2008 y 2012
ABC News, 02/04/2004, ABCEl encarecimiento de los costes de producción por el pago de derechos de emisión (2.400 millones al año) puede provocar la deslocalización de algunas empresas
MADRID. La aplicación de la directiva europea sobre Comercio de Emisiones, que recoge las exigencias ratificadas en el Protocolo de Kioto, supondrá un coste de 19.000 millones de euros para la economía española durante el periodo 2008-2012, según un informe dado a conocer ayer por PricewaterhouseCoopers.
Este elevado coste, que supondrá un gran impacto sobre la inflación y la competitividad, es el resultado del efecto multiplicador que sobre el conjunto de la economía española tendrán los 2.400 millones de euros que España deberá pagar todos los años en concepto de derechos de emisión. Esta cantidad representa dos veces el Fondo de Cohesión que percibió España de la Unión Europea el año pasado o un incremento de seis dólares del precio de barril de petróleo o más de la mitad del gasto en seguridad ciudadana.
Aunque el objetivo ratificado en Kioto era que las emisiones de dióxido de carbono no superasen el 15% respecto a las de 1990, España se situará en 2010 un 26% por encima de dicho objetivo.
El exceso de emisiones se traduce en que nuestro país deberá hacerse cargo de la financiación de 123 millones millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Según el informe elaboradado por PricewaterhouseCoopers y en el que también ha colaborado el ex director ejecutivo del FMI, Juan José Toribio, hacer frente a los compromisos adquiridos en Kioto podría ocasionar un aumento adicional de la inflación del 2,7% durante el primer año de ejecución del Protocolo, lo que derivaría en una pérdida de competitividad y en la disminución anual de un punto porcentual del PIB nacional.
Durante la presentación del informe, el socio de PricewaterhouseCoopers Antonio Carbajal y el economista Toribio coincidieron en apuntar que será casi imposible que España pueda ponerse al día y cumplir con los objetivos de Kioto para 2010. En su opinión, ello se debe a que cuando se acordó el Protocolo y se pactó que las emisiones no podían superar el 15% de las establecidas en 1990 no se tuvieron en cuenta variables tan importantes, como el despegue económico que podía registrar el país. Ante la dificultad de España para cumplir con los objetivos de Kioto, Carbajal se mostró partidario de renegociar en Bruselas el calendario del Protocolo y poder hacer factible su ejecución, dado que los porcentajes de emisiones fijados son más difíciles de modificar.
Deslocalización
El informe pone de manifiesto la correlación existente entre el crecimiento económico de un país y el aumento de emisiones. En el caso español, la correlación entre el PIB y las emisiones históricas es de casi un punto, lo que hace muy difícil que España pueda cumplir con sus previsiones de crecimiento y sus compromisos de reducción de emisiones.
El encarecimiento de los costes de producción por el pago de los derechos de emisión también puede provocar la deslocalización de algunas empresas hacia países donde no existan controles de emisiones, lo que supondría un duro golpe a los objetivos establecidos en el Protocolo de Kioto.