Multas por vertidos de casi 9.500 € al Ayuntamiento de Pelayos de la Presa

Globalízate, 23/10/2016

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha multado al Ayuntamiento de Pelayos de la Presa en los últimos diez años por diversas actuaciones en los arroyos del término municipal por un importe de 9.493,19 euros (algo más de millón y medio de las antiguas pesetas) según un documento obtenido a través del Diputado en la Asamblea de Madrid, Miguel Ongil.

Vertidos fecales en el arroyo de Picapollos, zona de la Fuendría en septiembre de 2014

El Ayuntamiento pagó en 2006 a la CHT una multa de 4.000 euros por vertidos fecales al arroyo del Molino y colocar tuberías de PVC sobre pilares de ladrillo en el dominio público hidráulico. En 2012, tuvo que pagar 2.400 € por la ocupación sin autorización del arroyo de las Labores. Finalmente, por nuevos vertidos fecales y daños en el arroyo de Picapollos tuvo que pagar un importe de 3.093,19 euros en 2015.

Es interesante comparar este documento con la información que ofreció el anterior alcalde, Herminio Cercas, antes de dejar el cargo, a una pregunta por escrito sobre estas multas, En su respuesta, ocultó la multa por valor de 4.000 euros y en su respuesta señalaba que se había recurrido el último expediente citado. Finalmente, ese expediente ha supuesto 3093,19 euros a las arcas municipales. De este importe, se ha tenido que hacer cargo el nuevo equipo municipal sin que haya habido información pública al respecto.

Dos años después de solicitar la información a la CHT el comisario de la CHT Ignacio Ballarín, que evitó contestar incluso a un concejal de la oposición, con las más variopintas e ilegales excusas ha tenido, finalmente, que facilitar la información. Tampoco el Defensor del Pueblo ha conseguido que la CHT enviara la información a pesar de mantener un expediente abierto.

La respuesta nos ha llegado gracias a una pregunta registrada en la Asamblea de Madrid, por el diputado de Podemos, Miguel Ongil. Parece ser que si no es por una pregunta de un diputado, los ciudadanos no tenemos derecho a acceder a informaciones de organismos públicos y eso a pesar de que la Ley de Transparencia, entre otras, nos amparan.

Hay que señalar que estas malas actuaciones se han desarrollado en una zona ambientalmente protegida por las leyes europeas al ser Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC). Algunos vecinos han tenido que convivir a menudo con malos olores y los vertidos fecales han supuesto un riesgo para la salud.

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